Más de 300.000 personas murieron, varios cientos de miles resultaron heridas y casi 1,5 millones se quedaron sin hogar cuando el terremoto de magnitud 7 sacudió Haití el 12 de enero de 2010.
Ese día, el espacio de trabajo que mi colega Joseph Jr Clorméus, coautor de este artículo, ocupaba habitualmente en el Ministerio de Educación Nacional se derrumbó por completo. Fue testigo de un espectáculo apocalíptico: los colegas habían perdido la vida mientras que a otros se les amputaban miembros para escapar de una muerte segura bajo los escombros. En el exterior, los cadáveres ensuciaban las calles de la capital mientras el espeluznante espectáculo de la sangre mezclada con el hormigón y el polvo se ofrecía a la desolada mirada de una población traumatizada.
Diez años después, Haití no se ha recuperado de esta catástrofe, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en el país.
Dos factores principales explican, en nuestra opinión, la magnitud de esta tragedia: la debilidad de las instituciones públicas haitianas y la desorganización de la ayuda internacional, sobre todo de las ONG.
La debilidad del Estado haitiano
Haití es vulnerable a los terremotos. Históricamente, han sido gestionados por el ejército, que desempeñaba un papel importante tanto en el desarrollo nacional como en la gestión de los desastres naturales. Pero el rápido desmantelamiento del ejército nacional bajo la presidencia de Jean-Bertrand Aristide no permitió la transferencia de las competencias del ejército en materia de gestión de catástrofes naturales a otras instituciones públicas civiles.
De hecho, desaparecieron muchos conocimientos técnicos. A pesar de la presencia de varios organismos gubernamentales que habían intentado desarrollar competencias en relación con los terremotos, ningún organismo operativo fiable fue capaz de gestionar el vacío institucional dejado por el ejército. Hoy en día, Haití sigue siendo muy vulnerable a las catástrofes naturales en su territorio.
La sucesión de gobiernos inestables en las últimas cuatro décadas tampoco ha ayudado. Éstos han debilitado considerablemente la administración central, que entonces tenía poca capacidad para gestionar y controlar el territorio del país.
Por ejemplo, Puerto Príncipe, una ciudad concebida originalmente para 3.000 personas, albergaba a casi un millón. Diez años después, sólo podemos constatar que nada ha cambiado realmente en este sentido. El Estado haitiano se ha mostrado incapaz de descentralizar y desarrollar su entorno rural, que experimenta un éxodo año tras año.
La capital y sus alrededores están superpoblados y no existen verdaderas políticas de planificación urbana que impongan normas y contrarresten las construcciones anárquicas que proliferan en la ciudad. En este contexto, cualquier terremoto de gran magnitud sólo podría acarrear las desastrosas consecuencias que ha vivido el país.
Otro problema: en 2010, la administración pública haitiana, lejos de haberse reformado, se ocupaba principalmente de recaudar impuestos sobre la propiedad sin ningún control real sobre el territorio.
La combinación de superpoblación, desarrollo urbano caótico sin una política de desarrollo regional, una flagrante falta de recursos para intervenir en su territorio y las competencias de su personal ha hecho que la administración pública haitiana nunca haya sido capaz de anticiparse a los impactos de un terremoto.
Ayuda internacional desorganizada
A la debilidad de la administración pública de Haití se suma la desorganización de la ayuda internacional. A raíz de un decreto adoptado en 1989 (que modificó el artículo 13 de la ley de 1982 que regula las ONG), la responsabilidad de la coordinación y supervisión de las actividades de las ONG en el territorio de la República de Haití se confió al Ministerio de Planificación y Cooperación Exterior (MPCE).
Después del terremoto, muchos estudios informaron de la presencia de miles de ONG en el país. Sin embargo, en su lista oficial, el MPCE reconocía apenas 300 de ellas. Por lo tanto, se puede concluir que la mayoría de estas ONG operaban casi en la oscuridad.
También varios estudios han demostrado, y lo hemos visto sobre el terreno, que la ayuda de la comunidad internacional desplegada inmediatamente después del terremoto no estuvo a la altura de un reto humanitario de tal magnitud. No hubo coordinación en las intervenciones de los países amigos para optimizar los esfuerzos en favor de las víctimas. Hubo una gran desorganización humanitaria e incluso un fracaso por parte de la comunidad internacional, que tuvo que improvisar de forma ineficaz para cogestionar una catástrofe.
Con presencia en el terreno ya en 2012, hemos observado que la mayoría de las ONG llegaron a Haití no para responder a una necesidad expresada por el gobierno haitiano, sino para servir a sus propios intereses, como ha señalado la Dra. Joanne Liu, ex presidenta de Médicos Sin Fronteras, informa.
No hubo coordinación entre ellas, ni tampoco con el gobierno. Además, aunque las fuerzas de la ONU desplegadas con la MINUSTAH estaban presentes en Haití, las fuerzas estaban fragmentadas y operaban bajo modelos y valores a menudo incompatibles. La ayuda era ineficaz, incluso perjudicial. El escándalo de la reintroducción del cólera en Haití subraya esta realidad.
Post-terremoto
A pesar de que se han gastado miles de millones de dólares en el país, según informes internacionales, cinco años después de la catástrofe, los escombros siguen tirados en las calles, miles de personas siguen viviendo en campos de refugiados y la mayoría de los edificios públicos no han sido reconstruidos.
Todo esto atestigua las graves dificultades de coordinación sobre el terreno.
Una década después, los retos siguen siendo inmensos para Haití, ya que debe desarrollar políticas de construcción que se ajusten a una determinada visión de la planificación urbana. También debe reconstruir los archivos de las instituciones públicas que han sido dañadas o han desaparecido, y debe ayudar a las generaciones posteriores al terremoto a aprender del pasado, desarrollar e implementar un plan de emergencia para los desastres naturales, y diseñar e implementar políticas y espacios adaptados para las personas con discapacidades.
Hoy en día, se considera que las prácticas de desarrollo internacional se basan en una perspectiva de acumulación de riqueza, dando prioridad a los intereses del sector privado. Las iniciativas de Canadá de dirigir su ayuda al desarrollo del sector minero y de las zonas de libre comercio en Haití son una prueba de ello.
Además, la decisión de Canadá de congelar la financiación de nuevos proyectos en Haití plantea varias preguntas: ¿por qué dejar a Haití en una posición tan difícil? ¿Se pretende con esta decisión que el Estado haitiano asuma sus responsabilidades o simplemente que el gobierno canadiense se desentienda del fracaso de la ayuda internacional en ese país? ¿Es una admisión de impotencia frente a las profundas debilidades institucionales de Haití?
Al recordar el 12 de enero de 2010, planteamos una pregunta tan preocupante como fundamental: ¿el gobierno haitiano y la comunidad internacional han aprendido realmente alguna lección del terremoto?
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