El gobierno estadounidense, al parecer, siempre ha participado en la provisión de viviendas públicas, y no es de extrañar teniendo en cuenta que el refugio es una de las necesidades humanas básicas para la supervivencia. Hoy en día, el gobierno federal asume la responsabilidad general de la tarea, pero no siempre fue así. De hecho, antes de la década de 1930, los gobiernos locales, la mayoría de las veces el condado, proporcionaban el refugio necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, los servicios durante esos tiempos eran casi exclusivamente para los ciudadanos caucásicos y las minorías eran a menudo olvidadas. Entonces, ¿cómo ha llegado la vivienda pública a su estado actual? Echemos un vistazo al camino que ha recorrido hasta ahora.
En 1937, el gobierno federal se involucró oficialmente en la vivienda pública bajo la Ley de Vivienda de los Estados Unidos. Esta ley surgió realmente del New Deal del presidente Roosevelt, que comenzó en 1933. El objetivo de esta ley era mejorar las actuales condiciones inseguras e insalubres de las viviendas y disminuir la extrema escasez de viviendas decentes para las familias de bajos ingresos. En ese momento, se definía como de bajos ingresos a aquellos que se encontraban en el grupo de ingresos más bajos y no podían permitirse pagar un alquiler a los propietarios privados. Además, los únicos requisitos originales que debían cumplirse eran que los ingresos de las familias no podían ser superiores a cinco veces el coste del alquiler, o seis veces en el caso de las familias con tres o más hijos. Se intentó alcanzar el objetivo de la ley a través de préstamos a las agencias de vivienda pública para apoyar la construcción de viviendas públicas de renta baja.
La década de 1940 siguió con un nuevo presidente, Truman, y éste desarrolló la Oficina de Gastos de Vivienda. Luego, en 1949 bajo la dirección de la oficina, se aprobó una ley, la primera Ley de Vivienda. Esta ley surgió del Fair Deal del presidente Truman. El objetivo era proporcionar fondos suficientes para librar a los barrios de los tugurios y desarrollar nuevas viviendas. Las nuevas viviendas se desarrollaron principalmente para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y no proporcionaron mucha ayuda a los que no lo eran. De hecho, la ley no ayudó a los habitantes de los barrios marginales, sino que los desalojó de sus hogares y obligó a muchas familias de bajos ingresos a buscar una nueva residencia.
En 1954, cuando el presidente Eisenhower ocupaba el cargo, se aprobó una segunda Ley de Vivienda. Esta ley supuso un gran punto de inflexión porque se centró en la conservación y rehabilitación de los barrios marginales. Más tarde, la Ley de la Vivienda de 1956 enmendó la primera ley de la vivienda dando pagos de reubicación a todos los desplazados.
Es importante señalar que hasta este momento, la vivienda pública era discriminatoria. La mayoría de las leyes anteriores no ayudaban a los grupos minoritarios y, en cambio, se centraban en los caucásicos y, a menudo, en los que no eran de la más baja condición económica. De hecho, a lo largo de la década de 1950 se aplicaron políticas muy estrictas en muchas viviendas. Las mujeres embarazadas que no estaban casadas podían ser desalojadas y los daños a la propiedad se cobraban con multas atroces.
Sin embargo, a partir de la década de 1960 se empezaron a reconocer los derechos básicos. Fue una época en la que muchos trabajaban por la igualdad de trato de todos los seres humanos, independientemente de su raza, género o clase. Un trabajador social inspirador que estaba haciendo precisamente eso era Whitney Young, Jr. Young abogó por los derechos civiles y su nombre sigue siendo muy conocido hoy en día. Fue en 1962, cuando se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Vivienda bajo la presidencia de Kennedy, que los derechos civiles y la vivienda se unieron.
Los años 60 fueron un gran punto de inflexión para la vivienda pública, y la mayoría de las políticas que se iniciaron en ese momento continúan hoy en día. La industria de la vivienda pública pasó de proporcionar viviendas de baja calidad, segregadas y discriminatorias, a un programa que idealmente debería servir a todos por igual. Al igual que hicieron trabajadores sociales como Whiney Young, Jr. en el pasado, los trabajadores sociales deben seguir abogando hoy por las mejores soluciones posibles para la vivienda pública.
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